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[23/11/2007]

REFORMA DEL CODIGO PENAL

texto buscado >> El nuevo Código Penal para delitos contra la seguridad vial estará en vigor en octubre.Bartolomé Vargas espera que la reforma convierta esta Ley Orgánica en un mejor instrumento técnico, que sirva a jueces y fiscales para dar una respuesta más disuasoria y eficaz frente a la 'delincuencia vial'.El fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha participado en el Campus de la Excelencia 2007, que se celebró la semana pasada en Fuerteventura, para tratar el tema de La Seguridad Vial en el tercer mundo. Vargas destacó que en España hay se producen 4.000 muertes al año en las carreteras y 20.000 heridos graves, mientras que en la Unión Europea se contabilizan 400.000 muertes al año, lo que representa el 2% del PIB. En esta entrevista Vargas explica las principales modificaciones de la reforma, actualmente en trámite parlamentario, del Código Penal en materia de delitos contra la seguridad vial, así como de sus funciones al frente de la fiscalía especializada que dirige, cuya creación vino a reforzar la política del Gobierno para reducir la siniestralidad en las carreteras.Pregunta: Tras un año de su entrada en vigor, ¿cómo valora el carné por puntos? Respuesta: El sistema de puntos ha sido, de verdad, la primera medida que ha condicionado la conducción y mejorado los hábitos al volante. Esta norma ha reducido la siniestralidad vial y la reforma del Código Penal que se está tramitando la disminuirá aún más.P.: ¿A qué responde la creación de la fiscalía especializada en seguridad vial que dirige? R.: Es la reacción que se ha producido, desde el ámbito judicial, al altísimo número de víctimas en accidentes de tráfico y supone la articulación de un compromiso del Ministerio Fiscal para con la materia. La misión de la Fiscalía es promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los ciudadanos y, en nuestro caso particular, satisfacer un interés social muy relevante cual es preservar la integridad física de las personas en la carretera.P.: ¿Qué opina de la reforma del Código Penal para delitos contra la seguridad vial? R.: Será una buena herramienta en manos de jueces y fiscales para que el Derecho Penal cumpla su función de protección de la vida e integridad física de los conductores. Esta reforma se dirige para esa minoría de conductores egoístas, insolidarios y violentos que no cumplen la ley. Es importante destacar que el trámite se sigue por el procedimiento de urgencia por consenso de todos los partidos políticos, que se mostraron unánimes en priorizar legislativamente su tramitación para que se apruebe en esta legislatura.P.: ¿Cree que debería haber juzgados especiales para enjuiciar delitos de tráfico? R.: Es una vieja idea, interesante, digna de estudio, que se ha lanzado desde hace tiempo en el debate sobre seguridad vial.Pese a que no hay previsión normativa alguna al respecto, su implementación requeriría de una profunda reflexión respecto de las competencias de dichos órganos, los medios que precisarían o la reconversión de la planta judicial. En cualquier caso, en las perspectivas legislativas que se manejan, no está contemplado.P.: ¿Es partidario de alguna reforma en cuanto al papel del Ministerio Fiscal en los procesos por este tipo de delitos? R.: Realmente, ya estamos asumiendo un papel muy activo. De hecho, la creación de la figura del fiscal coordinador de seguridad vial responde al objetivo de tener una posición muy comprometida de seguimiento de los procesos de tráfico; de procurar que los juicios de falta, por los que se tramita la mayor parte de accidentes, se conviertan en procedimientos por delito cuando haya imprudencia muy grave. De esta forma, habrá una respuesta penal proporcionada y eficaz. En definitiva, con las leyes penales vigentes los fiscales estamos colaborando para que desaparezca la impunidad en la carretera y que se sepa que hay previsiones penales cuando se infringe la ley.P.: ¿Y cuando entrará en vigor? R.: Calculo que el nuevo Código Penal puede estar en vigor para octubre o noviembre de este año. Aunque, actualmente, no hay unanimidad sobre su contenido, sí espero que la norma se apruebe con el consenso de todos los grupos políticos. P.: ¿Qué novedades introducirá? R.: La reforma contempla penalizar la conducción habiendo perdido los puntos. En segundo lugar, otorgará respuestas penales más rigurosas para imprudencias muy graves. Así, se vigorizan las penas cuando, por ejemplo, se circula bajo los efectos del alcohol, provocando un accidente con resultado de muerte. Por otra parte, será delito conducir a más de 80 km/hora en carretera y a 60 km/hora en vía urbana. Esto es un paso adelante importante para atajar los supuestos de velocidades excesivas, muy peligrosas para la conducción, que tienen difícil encaje en el Código Penal actual como demostró la famosa sentencia de Burgos [la Audiencia Provincial absolvió a un conductor que circulaba a 260 Km/hora]. Y, por último, proporcionará más seguridad jurídica en la aplicación del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.P.: Valóreme su importancia para el futuro... R.: El nuevo Código Penal será un mejor instrumento técnico que otorgará a jueces y fiscales la posibilidad de ofrecer una respuesta, siempre proporcionada, pero más disuasoria y eficaz frente a la delincuencia de una minoría.P.: ¿Qué previsiones hay de incremento de asuntos por considerar el exceso de velocidad como delito? R.: Habrá más procedimientos pero serán perfectamente asumibles por los juzgados. Además, desde la fiscalía promoveremos que se haga una interpretación prudente del delito de peligro abstracto. No va a haber una inflación de procedimientos.P.: ¿Qué nos enseña la experiencia de otros países? R.: Los Estados que han progresado en atajar la siniestralidad en Europa lo han logrado comprometiéndose y haciendo una fuerte apuesta tanto en educación como en prevención. Hay que trabajar con un sistema de sanciones que disuada a los conductores, que acabe con el sentimiento de impunidad, que fomente la cultura de respeto a la Ley en la carretera. Los conductores han de saber que cuando infringen las normas hay consecuencias jurídicas administrativas y penales que, en casos muy graves, pueden incluso conllevar el ingreso en prisión. Necesitamos un sistema administrativo y penal eficaz que funciones, así como desarrollar las iniciativas que existen en materia de educación vial que considero que son un paso adelante.P.: ¿Hay que implementar medidas educativas? R:. La educación de los jóvenes es fundamental en esta lucha. Las cifras de siniestralidad vial más altas se producen en la banda de edad de 16 a 30 años, en la que se produce el 33% de los fallecimientos y un 40% de los heridos más graves. A esto se le ha llamado la epidemia silenciosa. Estas cifras son muy elevadas y, por ello, es preciso ofrecer formación en los colegios, antes de sacarse el carné de conducir y campañas de prevención.P.: ¿Cómo ha evolucionado la siniestralidad al volante en los últimos años? R.: Las estadísticas de siniestralidad han mejorado sensiblemente en los últimos años. Sin embargo, esto no debe hacer que adoptemos una actitud conformista. Los 4.000 muertos que se producen al año no pueden dejar indiferente a nadie. Hay que dedicar muchos más esfuerzos en todas las áreas: educativa, preventiva y que exista una respuesta penal, sancionadora y disuasoria que resulte efectiva.P.: ¿Hay posibilidad real de establecer sanciones alternativas a la multa y la privación de libertad? R:. Al igual que para los delitos graves debe haber una respuesta penal grave, desde la Fiscalía estamos proponiendo que, para los menos graves, haya penas alternativas que consistan en trabajos para la comunidad. Además, queremos que se realicen en centros de parapléjicos, hospitalarios, para que el infractor reflexione y vuelva a la legalidad. Asimismo, estamos potenciando los cursos de reeducación y sensibilización vial como mecanismo para suspender penas de privación de libertad cortas al objeto de lograr la reinserción de los conductores.Fuente: Jurídico de Noticias (17/07/2007)